viernes, 25 de septiembre de 2009

El ocaso de Musharraf

El antiguo aliado de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo dió varios pasos en falso cuando buscaba su reelección. Por cuenta de ello, hoy enfrenta un juicio ante las autoridades de su país.

El expresidente y ex jefe de las fuerzas militares de Pakistán, Pervez Musharraf, podría ser detenido en caso de que regresara a su país. Así lo aseguró el Fiscal General pakistaní, Latif Khosa, el pasado 3 de agosto, luego de que la Policía de Islamabad abriera una investigación contra el ex mandatario por la presunta detención ilegal de jueces y magistrados durante el estado de excepción que decretó Musharraf en 2007.

Musharraf, quien llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1999, dejó la presidencia en agosto de 2008 en vísperas de que el parlamento iniciara un proceso de destitución en su contra. Desde entocnes, se encuentra exiliado con su familia en Inglaterra, donde ofrece charlas en universidades británicas.

“Se puede lograr su detención forzando su retorno a travez de Interpol”, dijo Iftikhar Muhammad Chaudhry, actual Jefe de la Corte Suprema de Justicia, destituido por Musharraf en 2007 y restituido después la partida del gobernante. Chaudhry es, hoy, a pesar de que inicialmente fue nombrado en su cargo por el mismo Musharraf, uno de los más fuertes detractores del ex mandatario.

El propio Musharraf no se ha manifestado personalmente acerca de la encrucijada legal que le espera en su país. Sin embargo, Rashid Qureshi, un general retirado que ha actuado como vocero del ex presidente, le dijo a The New York Times que el proceso mediante el cual han tratado de llevar a su antiguo jefe a la corte “apesta” a deseos de venganza por parte de algunos políticos y jueces. “No puedo ententer todo el bombo mediático que han promovido estos grupos interesados”, dijo Qureshi. “¿No es ridículo? El presidente Musharraf sirvió al país durante ocho años. Estoy horrorizado con la manera en que se están comportando nuestros líderes políticos”.

Hoy, Pakistán es gobernada por el PPP (Partido del Pueblo Pakistaní), el grupo político de centro izquierda que dirigió Benazir Bhutto hasta su asesinato a finales de 2007. La muerte de la popular líder, ferviente opositora del régimen del militar, deterioró la imágen de Musharraf y unió a sectores influyentes de la política pakistaní en su contra. El PPP incluso culpó al entonces presidente del magnicidio. Bhutto contaba con el suficiente apoyo popular para derrotar a Musharraf en la contienda electoral que tendría lugar semanas después del atentado en que murió la política. Lo cierto es que el trágico episodio no solo contribuyó a que Musharraf renunciara a su cargo y con ello desistiera de sus aspiraciones reeleccionistas, sino que también catapultó al esposo de Bhutto, Asif Ali Zardari, a ganar las elecciones presidenciales de 2008 por un amplio margen electoral.

Los cargos

El 3 de Noviembre de 2007 fue un día crítico en historia política reciente de Pakistán. Ese día, Pervez Musharraf decretó el estado de emergencia en momentos en que la Corte Suprema de su país debatía la legalidad de un eventual nuevo mandato presidencial de ese jefe de estado. Musharraf, quien desde hacía un año había emprendido una campaña para hacerse reelegir, temía que la Corte Suprema emitiera un fallo que obstaculizara su continuidad en el poder. Los magistrados, efectivamente, así lo habían anticipado, arguyendo que Musharraf era jefe activo de las fuerzas armadas y que, como tal, no podría participar en una contienda electoral.

En ese momento, el mandatario aseguró al país, a travez de los medios de comunicación, que el estado de excepción –que duraría mas de un mes- era un imperativo dadas las supuestas interferencias del poder judicial pakistaní en las labores del Ejecutivo. Una vez obtuvo los poderes que le concede al presidente el estado de excepción, Musharraf destituyó a decenas de jueces y de magistados de la Corte Suprema que no le eran afines, y ordenó la detención domicialiaria para muchos de ellos, incluido su líder, el citado Iftikhar Chaudhry.

El pasado 31 de julio, en un esperado veredicto, la Corte Supurema pakistaní estableció que el decreto mediante el cual Musharraf instauró el estado de emergencia en 2007 es ilegal e inconstitucional. Los jueces, encabezados por Chaudry, calificaron las acciones adoptadas por el ex presidente en noviembre de ese año como “nulas e invalidas”. Consecuentemente, Zardari, el actual presidente, emitió una notificación para evitar que sigan ejerciendo 76 jueces nombrados por Musharraf durante el estado de excepción.

En la última década, han sido varios los mandatarios que han intentado mantenerse en el poder a traves de las urnas, un mecanismo político que da la impresión de que los regímenes autoritarios son democráticos y por tanto legítimos. Casos como esos hay varios en Latino América, y presentan rasgos similares al de Musharraf. Por ejemplo, tal empeño de los presidentes, normalmente, viene acompañado de una pugna entre los diversos poderes del Estado.

Sin embargo, tal vez ninguno de estos gobernantes le era tan afín a Estados Unidos como Musharraf. Hay que recordar que el militar pakistaní fue un aliado incondicional del gobierno de George W. Bush en su guerra contra el terrorismo. Tanto el ex presidente norteamericano como el hoy cuestionado ex vicepresidente Dick Chaney, se esforzaron por estrechar relaciones con el líder pakistaní. Los escándalos que se han desatado alrededor de Musharraf, quien enfrenta un juicio en su país y quien cuenta con muy poco apoyo en el panorama internacional, van en detrimento de la deteriorada imagen de los ex gobernantes estadounidenses.

Lo cierto es que el régimen de Musharraf le era mucho más conveniente a Estados Unidos que el gobierno pakistaní actual. Para la presidencia norteamericana, en voz del propio Barack Obama durante su campaña electoral, el gobernante Partido del Pueblo Pakistaní deberá hacer mayores esfuerzos por contener la incursión de grupos extremistas que han confluido en ese país en los últimos años.

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